El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que existen más de 500 casos denunciados relacionados con presuntas irregularidades en títulos, certificaciones académicas y programas de posgrado, durante una reunión con la Comisión Especial del Senado que investiga la emisión y comercialización de documentos educativos presuntamente falsos.
El dato fue dado a conocer por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien además señaló que fueron detectadas irregularidades en algunas universidades que ofrecían programas de posgrado sin contar con la habilitación correspondiente.
Según explicó, ciertas instituciones promocionaban carreras no autorizadas y posteriormente establecían acuerdos con otras entidades para desarrollar las clases, emitiendo finalmente títulos a nombre de universidades que carecían de la habilitación legal requerida.
Ante esta situación, el MEC indicó que trabaja en mecanismos para brindar una solución a los estudiantes afectados, considerando que muchos cursaron sus estudios actuando de buena fe.
Durante la reunión, las autoridades también detallaron que ya fueron intervenidos diversos Institutos Técnicos Superiores e Institutos de Formación Docente como parte de las acciones impulsadas para esclarecer los hechos.
Por otro lado, Ramírez informó que auditorías internas realizadas por la cartera educativa permitieron detectar cerca de 500 usuarios ajenos a las funciones correspondientes con acceso a procesos de inscripción de títulos. Asimismo, fueron identificadas inscripciones efectuadas fuera de los plazos establecidos.
Los funcionarios presuntamente involucrados fueron apartados de sus cargos y sometidos a sumarios administrativos mientras avanzan las investigaciones.
Como resultado del encuentro, se resolvió conformar una mesa de trabajo integrada por técnicos del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la comisión especial del Senado, con el objetivo de profundizar la recopilación de información y elaborar propuestas para combatir estas prácticas.
La comisión parlamentaria continuará con las investigaciones y prevé convocar a representantes de universidades públicas y privadas, además de otras instituciones vinculadas al sistema de educación superior.